Las abogadas de los 43 vecinos de Cerdanyola del Vallés a los que el Tribunal Supremo acaba de dar la razón en su demanda contra Uralita por los daños causados por el amianto van a llevar las acciones legales necesarias para que perciban sus indemnizaciones. El Tribunal Supremo condenó hace pocos días a Uralita, ahora llamada COEMAC, a indemnizar con más de 2,3 millones a trabajadores y vecinos de la fábrica, que cerró en 1997. “Ha habido un incumplimiento grave y reiterado por parte de la empresa para proteger la vida y la salud tanto de las personas que trabajaban allí como las personas que habían vivido y trabajado cerca de la empresa”, dijo en entrevista la abogada Esther Pérez. “La sentencia del Supremo es muy relevante porque es la primera vez que se reconoce el derecho a recibir una indemnización por parte de personas que no han estado trabajando ni han sido familiares de trabajadores, lo que hemos venido llamando como víctimas pasivas ambientales, que vivieron o trabajaron a un radio no superior a 2 km de la fábrica”, añadió. La alegría de los demandantes se ha visto enturbiada, sin embargo, porque la empresa se ha declarado en concurso de acreedores y dice que no puede hacer frente a las indemnizaciones. Las abogadas de los afectados denuncian que esto no puede ser una forma de “eludir responsabilidades por prácticas empresariales que eran conocidas desde los años 40”. La sentencia del Supremo también reconoce por primera vez el derecho a una indemnización por el daño moral causado por las placas pleurales, causadas por la exposición al amianto y que pueden acabar produciendo una enfermedad. “Es una espada de Damocles que tienen encima”, afirmó Pérez. Además establece que las indemnizaciones que los familiares de las víctimas pueden reclamar por la defunción de su pariente son compatibles con las que les corresponden como herederos de las acciones judiciales que no pudieron emprender o no vieron terminadas porque fallecieron. Las abogadas de los afectados lamentan que en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, no haya un fondo de compensación para las víctimas del amianto, y que sean estas las que tengan que litigar para ver reconocidos sus derechos. “Hay muchísimas víctimas en España porque fue un material muy utilizado en una época. Es importante que se reconozcan los derechos de las víctimas y que si han fallecido sean indemnizados sus familiares. Hasta hace poco la gente no era consciente de las enfermedades que causaba este material. Y al estar tantos años en latencia, seguirá habiendo enfermedades hasta 2040”, dijo Pérez. Precisamente también en estos mismos días un tribunal de Madrid ha reconocido que el fallecimiento del conocido presentador de televisión Jose María Iñigo pudo estar relacionado con su exposición al amianto durante el tiempo que trabajó en RTVE.